Un grupo de abogados pide al Supremo de El Salvador liberar a los venezolanos del CECOT

Un bufete de abogados ha presentado este lunes un habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para exigir la liberación inmediata de los 238 venezolanos deportados a ese país y encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) desde el 15 de marzo. La firma de abogados Bufete Grupo Ortega asegura haber sido contratada directamente por la Vicepresidencia de la República de Venezuela para librar esta batalla legal.

El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, fue recibido a las 11:44 de la mañana en la secretaría de Sala de lo Constitucional. Entre otras cosas, la petición exige —en mayúsculas— poner “INMEDIATAMENTE EN LIBERTAD” a 30 ciudadanos venezolanos a quienes la firma representa y, “conforme al principio de extensión”, a los demás.

El documento también exige al Supremo tomar como medida cautelar inmediata y, mientras dure la deliberación de lo pedido, que se traslade a los venezolanos a centros de detención migratoria y se les garanticen condiciones de salud, alimentación y comunicación con sus familiares. “Este es un acto jurídico eminentemente democrático, ya que insta a las instituciones constituidas por el Estado de El Salvador, como la Corte Suprema de Justicia, a que se aclare la situación legal de nuestros representados, ya que ellos no han cometido ningún delito en esta jurisdicción”, le dice a este periódico el abogado Jaime Ortega, representante del bufete.

Según explica el abogado, el habeas corpus —un recurso que tiene por objeto supervisar el derecho a la libertad e integridad de los presos, y si su detención está legalmente justificada—, busca ofrecer “primeros auxilios” a los venezolanos ante el “limbo jurídico” que padecen “Estos casos no tienen precedentes. En toda la historia de nuestra República no se había dado una situación como esta. No tenemos un tratado o marco legal que establezca a quién se pueden amparar estas personas”, afirma Ortega. Para él, no existe ningún asidero legal ni en el país ni el derecho internacional para mantenerlos en prisión.

Aunque analistas y expertos en derechos humanos han comparado el acuerdo de Nayib Bukele con Donald Trump para enviar a deportados a El Salvador con un “Guantánamo centroamericano”, hay una diferencia legal contundente: si bien la base de Guantánamo está construida en territorio cubano, Estados Unidos mantiene control y jurisdicción exclusiva sobre la base desde 1903.

En El Salvador, asegura Ortega, no existe ningún asidero legal para mantener detenidos a los venezolanos. “Nosotros hablamos de una detención irregular, retomando el análisis que hizo la jueza de Washington hoy”, señala.

“Hasta los nazis tuvieron mejor trato”, dice una jueza de EE UU

Al defender que los más de 200 venezolanos deportados a El Salvador, a los que el Gobierno de Trump vinculó con el Tren de Aragua sin ofrecer pruebas, debieron haber tenido oportunidad de un juicio individual, la jueza del Tribunal de Apelaciones de Washington, Patricia Millet, dijo que hasta “los nazis tuvieron mejor trato bajo la Ley de Enemigos Extranjeros” que ellos. El juez federal James Boasberg rechazó este lunes la petición del Gobierno de Trump de retirar la prohibición cautelar de dos semanas a las deportaciones bajo esta ley.

De acuerdo con Ortega, las conversaciones con el Gobierno venezolano empezaron el pasado martes. Primero, asegura, el contrataron al Escritorio de Abogados Angostura Caracas, que obtuvo poder legal para representar a las familias de 30 deportados. Posteriormente, esa firma le transfirió un poder al bufete en El Salvador para poder actuar ante las autoridades locales.

Desde Caracas, familiares de algunos de los encarcelados en el CECOT confirmaron las reuniones con autoridades, entre ellas el propio presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez. También confirmaron que el bufete Angostura Caracas está interviniendo en los casos.

Aunque, por el momento, el Gobierno no ha confirmado que haya contratado a la firma, Maduro ha intentado hacer suya la causa de los venezolanos desde que fueron enviados a El Salvador. “Los bajaron a garrote, a palos; los humillaron, los tiraron al piso, les raparon el coco. ¿Eso se llama justicia?, ¿eso se llama derecho internacional?, ¿eso se llama derechos humanos?, ¿cómo se llama eso? Eso se llama fascismo, nazismo. Y Venezuela está presta y lista para denunciar esta violación masiva de derechos humanos”, dijo en su programa de televisión Con Maduro+, transmitido el pasado lunes por televisión estatal.

Según Ortega, su equipo hasta el momento no han logrado tener ningún contacto con los venezolanos. “Ni siquiera sabemos en calidad de qué se encuentran”, asegura. “Una vez que la Sala dirima, podemos hacer las solicitudes a las autoridades correspondientes para que nos dejen hablar con ellos”.

Por el momento, el abogado no sabe cuánto tiempo puede durar el trámite. “Es bastante aleatorio el tiempo que puede tardar. Puede ser expedito, demorar un tiempo o puede ser muy tardado. Es un hecho sin precedentes y ante la ausencia de plazos taxativos puede demorarse el tiempo que se considere conveniente”, sostiene.

La Sala de lo Constitucional de El Salvador es controlada por el oficialismo desde mayo de 2021, cuando la Asamblea Legislativa, también controlada por Bukele, destituyó a los cinco magistrados, haciéndose con los tres poderes del Estado. Después de esa movida, considerada un golpe por sectores críticos, los magistrados han fallado a favor del presidente en varias ocasiones, incluyendo la “reinterpretación” que hicieron de la Constitución para permitir la reelección del mandatario.

Sin embargo, Ortega confía en que los jueces puedan actuar con independencia: “Nosotros consideramos que estamos viviendo en una democracia y por eso activamos las instancias legalmente constituidas. Y, por lo tanto, tienen que dar un pronunciamiento”.

Con información de Florantonia Singer desde Caracas.